Es importante aclarar que, (i) el impacto de la Reforma en el mercado inmobiliario mexicano fue matizado al eliminarse de la iniciativa de Reforma la obligación de notificar cualquier joint venture, independientemente de la actualización de los umbrales de notificación; y (ii) la Reforma no implica un incumplimiento a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Es importante resaltar que este informe no modifica los derechos de propiedad, uso o posesión de los inmuebles, y que los datos personales serán resguardados conforme a la normativa vigente. Conforme a la publicación, la autoridad indica que la incorporación de esta declaración informativa tiene fines estadísticos y de esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México busca actualizar la información catastral y fortalecer la gestión tributaria.

1. Requisitos para aplicar al estímulo fiscal:

• Registro: El contribuyente debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tener habilitado el buzón tributario.
• Cumplimiento Fiscal: Contar con opinión positiva de cumplimiento fiscal.
• Proyecto: Presentar un proyecto de inversión, convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (en materia de educación dual) o proyecto para certificación (según sea aplicable).
• Aprobación: Obtener una constancia de cumplimiento del Comité de Evaluación.
• Lineamientos: Cumplir con los lineamientos establecidos por el Comité de Evaluación.

Es importante recalcar que, de conformidad con el decreto publicado el pasado 4 de abril del 2024, mediante el cual se reformó la Ley De Turismo se establecieron diversas obligaciones para los propietarios o poseedores de inmuebles que ofrecen alojamiento turístico eventual en la ciudad, así como para las plataformas tecnológicas que facilitan el ofrecimiento de estos servicios.

Se modificaron los artículos 2448-D y 2448-F del Código Civil y los artículos 1, 5, 12, 13,21, 24, 26, 53, 59, 60 y 73 de la Ley de Vivienda de conformidad con lo siguiente: El Código Civil, previo a la Reforma, en su artículo 2448-D establecía como límite al incremento anual de rentas el 10% de la renta mensual; disposición que, posterior ala Reforma, ahora dicta que el incremento nunca podrá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual.

Por otro lado, se adicionaron tres párrafos finales al artículo 2448-F para establecer la creación, dentro de los 30 días siguientes ala publicación de la Reforma, de un registro digital de contratos de arrendamiento a cargo del gobierno de la Ciudad de México(el “Registro”), donde los arrendadores dentro de los 90 días siguientes de la creación del registro deberán dar de alta los contratos de arrendamiento vigentes y para arrendamientos nuevos contarán con un plazo de hasta 30 días posteriores a la fecha de su celebración para registrarlo. El Registro no será público (salvo por resolución judicial) y se regirá de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Es importante señalar, que no se establece sanción de ningún tipo para aquel arrendador que decida no llevar a cabo el registro de sus contratos de arrendamiento en el Registro.  

Dicho estímulo fiscal consiste en optar por efectuar deducciones inmediatas en bienes nuevos de activo fijo cuya adquisición tenga como finalidad su utilización exclusiva para el desarrollo de las actividades clave, deduciendo en el ejercicio en el que se realice la inversión los porcentajes señalados en el decreto.

Esta situación habría sido iniciada desde el año 2016, entablándose demandas e iniciando procedimientos jurisdiccionales por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para solicitar (i) la devolución de ciertos inmuebles, derivada de la nulidad reclamada por dicha entidad de todos los actos que aparecen como antecedentes del predio anteriormente mencionado, o (ii) la condena a los propietarios de dichos inmuebles para pagar una indemnización a la Federación respecto de dichos inmuebles.

El Acuerdo tiene como objetivo garantizar el abasto de agua a la población en sitios que presenten condiciones de sequía extrema según el Monitor de Sequía de México, y prevé: (i) la posibilidad de limitación temporal a los derechos de agua existentes, mediante la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa; (ii) la posibilidad de que los titulares de concesiones cedan o transmitan sus derechos temporalmente a la CONAGUA y soliciten la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen, en tanto subsista la emergencia, entre otras disposiciones.